Marco Antonio Rodríguez/
La inseguridad en el Estado de México se ha enquistado; lejos de disminuir como prometió Alfredo del Mazo Maza desde incluso antes de asumir el cargo como gobernador, ha crecido exponencialmente al grado de convertirse en un problema incontrolable para su administración, lo que también ha llevado a la entidad a ubicarse entre los primeros lugares a nivel nacional por esta condición. Con el priista en el poder se cumplió el presagio: durante el primer mes de su mandato la entidad rompió récord histórico en delitos y así se ha mantenido; a veces son homicidios, otras robos y otras más feminicidios, pero siempre va liderando la lista a nivel nacional por la comisión de algún crimen.
Pero Del Mazo alardea de otros temas, como el Salario Rosa, programa social estrella para el cual dispuso de 3 mil 977 millones 99 mil 249 pesos sólo en dos años, como reveló en septiembre de 2019 el reportero local Elpidio Hernández Villanueva.
Y aunque para muchos la seguridad debiera ser el eje central de cualquier administración, en su gobierno algo sucede que a pesar de ser la Secretaría de Seguridad la segunda con mayor presupuesto -16 mil 916 millones 702 mil 799 pesos para el ejercicio fiscal de 2021- los resultados son pobrísimos, pero eso sí, más de la mitad de lo que se consigna a Seguridad es destinado a la Secretaría de Desarrollo Social, coordinadora del Salario Rosa, con 7 mil 911 millones 168 mil 392 pesos para el año corriente.
Las razones de su fracaso son muchas y pueden encontrarse desde su composición operacional. De acuerdo con la Solicitud de Información 00358/SSEM/IP/2021 en poder de esta Redacción, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, al 15 de julio de 2021, cuenta con 13 mil 647 elementos operativos, por lo que si se considera que en el Estado de México habitan 16 millones 992 mil 418 personas según el censo de 2020 del Inegi, en la entidad hay un policía por cada mil 245 personas. De ese total, 6 mil 8 tienen de 41 a 50 años; 104 de 51 a 60; 16 de 71 a 80 e increíblemente uno cuya edad oscila entre los 81 y 90 años.
Al cuestionar a la dependencia sobre los criterios considerados para realizar exámenes de confianza a sus agentes, la respuesta fue rebuscada e imprecisa; no obstante, señala que se efectúan “atendiendo a su nivel jerárquico, acceso a información sensible o nivel de mando y decisión o, en su caso, evaluación específica que lo amerite”. Por otro lado, respecto a la periodicidad en que se practican tampoco dieron una respuesta concreta y en cambio justificaron no haber realizado las del 23 de marzo, 17 de abril y 3 de junio de 2020 pues la pandemia del coronavirus “ha impedido que se realicen de manera normal los exámenes de Control de Confianza para los servidores públicos de esta Secretaría”. SIC
Pero la escasez de policías o los irregulares exámenes de confianza que les son practicados son apenas algunos de tantos problemas. Otros, por ejemplo, se enmarcan en el clientelismo de la gestión delmacista, que ha otorgado contratos millonarios a amigos directos o amigos de su familia, como lo es Ariel Zeev Picker Schatz para su tío –y también tío del expresidente Peña Nieto-, Arturo Peña del Mazo, quien hasta 2017 era director de la Fundación Isidro Fabela y “se le ubica como el facilitador o “lobbysta” que hace posible las negociaciones para Ariel”, dice al respecto el reportero Miguel Ángel Alvarado.
Ariel comenzó vendiendo, a través de su empresa Seguritech Privada, S.A. de C.V, sólo alarmas, pero con apoyo de la estructura priista mexiquense pronto amplió su negocio hacia el lanzamiento de satélites espaciales y tener en nómina a cerca de 2 mil 500 empleados. “¿Cómo le hizo?, fácil: una venta, primero, al gobierno mexiquense de Eruviel Ávila por 6 mil 379 millones de pesos a cambio de instalar 10 mil cámaras de videovigilancia. Un año después, el contrato aumentó a 6 mil 720 millones de pesos con ese mismo gobierno”, complementa Alvarado.
Seguritech, así como su filial Comunicación Segura, S.A. de C.V., fueron creadas entre 1995 y 1996; en su portal web se define como una “empresa cien por ciento mexicana reconocida como la más grande integradora de tecnologías en el sector de la seguridad en México y Latinoamérica”.
Sí, pero ha omitido hablar de sus fracasos: a principio de 2016 que la entonces directora de Servicios Urbanos de la Ciudad de México, Aliza Chelminsky, recibía un reporte por parte de vecinos de la delegación Cuauhtémoc donde se informaba que 7 cámaras de la colonia San Rafael no funcionaban. Más tarde este reporte llegó hasta las curules de Morena donde el diputado José Alfonso Suárez del Real solicitó a Hiram Almeida Estrada, entonces secretario de Seguridad Pública, que se inspeccionaran dichas cámaras. Ninguna funcionaba.
Éstas formaban parte de las 501 mil contratadas por el gobierno del perredista Miguel Ángel Mancera con un valor total de 2 mil 318 millones de pesos. Un reportaje de la Revista Proceso revela que el precio de estos equipos, por unidad, daba un aproximado de 4 mil pesos, cuando en empresas como Rivata Telecom el costo por los mismos servicios era de 350 pesos; es decir mil 42.85 por ciento más caro uno de otro.
De todas maneras, la empresa se convirtió pronto en la consentida de gobiernos priistas como cuando el entonces titular de Comisión del Agua del Estado de México, David Korenfeld, otorgó una licitación por 58.7 millones de pesos en 2010 durante la administración de Enrique Peña Nieto como gobernador mexiquense. Esta oferta fue concedida a Seguritech por más del doble que la oferta de su competencia, la empresa Rossbach de México, SA de CV, que cobraría 24.1 millones por los trabajos.
Seguritech obtuvo el 80 % de las adjudicaciones directas del sexenio de Peña Nieto en materia de Seguridad Pública y contratos en al menos 22 entidades de la república por un monto aproximado de 22 mil 307 millones de pesos, de los cuales el ex mandatario mexiquense, Eruviel Ávila, también priista, proporcionara el contrato millonario más grande que, hasta el momento, ha signado la empresa.
Actualmente Seguritech es también la empresa (asignada por adjudicación directa, es decir que no concursó contra otros proveedores para obtener los contratos) encargada de la instalación, mantenimiento y reparación de las 19 mil 968 cámaras de videovigilancia que operan en por lo menos 67 municipios del Estado de México y que son comandadas por 140 personas de entre 20 y 64 años.
Fotografía: Marco Antonio Rodríguez. (Archivo)
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