Marco Antonio Rodríguez/
Toluca, México; 18 de noviembre de 2021. Antes de que fuera nombrado como titular de la Unidad de Asuntos Internos del gobierno del Estado de México, Claudio Valdés Carranza ya había sido denunciado por sus propios compañeros, que lo acusaron por abuso laboral, abuso de autoridad, discriminación y violaciones a sus derechos humanos cuando se desempeñaba como jefe en el gobierno federal de una dependencia que se llamaba Dirección General de Vigilancia y Supervisión Interna y que pertenecía a la Policía Federal.
Sin embargo, cuando le dieron la titularidad de la dependencia mexiquense, fue presentado por su amigo Rodrigo Martínez Celis, secretario de Seguridad, lo cual dejó muy claro desde el primer minuto de qué tamaño era el respaldo del que gozaría. En aquella ocasión el secretario Martínez Celis prefirió no decir nada acerca del irregular desempeño de Valdés Carranza en el gobierno federal, al cual renunció en diciembre de 2016, después de una queja firmada por 21 de sus 42 subordinados y que fue presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Función Pública, a Asuntos Internos y ante el Órgano Interno de Control de la Policía Federal.
No obstante, a pesar de que en un principio el funcionario presumía que nunca dejaría el cargo federal por estar muy bien apadrinado y que antes de que esto sucediera se encargaría de separar a todos sus “desertores” o “grillos”-como llamaba a quienes estaban en contra de sus acciones- salió por la misma puerta que les señalaba cuando éstos se inconformaban. A pesar de todo salió; sucedió después de recibir un oficio signado por la mitad de su equipo, el 9 de diciembre de 2016. Para disimular que su propio equipo había pedido su remoción o cambio, Valdés Carranza pidió vacaciones y a su regreso, una semana después, convocó a su personal para comunicarles una noticia importante.
Como era ya evidente y al no tener alternativa, dio las gracias -en ese entonces quedó como encargada interina Anel Mejía García- y se fue, pero dijo que lo hacía no por las denuncias en su contra, sino porque había recibido una mejor oferta laboral como director de Relaciones Laborales en el banco Banamex, donde estuvo de 2016 a 2020, tiempo suficiente para que se olvidara su deleznable servicio al frente de la Dirección General de Vigilancia y Supervisión Interna.
Cuatro años alejado de la función pública fueron suficientes para que el gobierno del priista Alfredo del Mazo le llamara y apareciera como titular de la Unidad de Asuntos Internos, donde apenas unos meses después inició una “limpia” de trabajadores para, en su lugar, colocar a amigos y conocidos suyos, como denunciaron a este portal de noticias algunos de los separados injustificadamente por Valdés Carranza.
Él, en cambio, en voz de allegados suyos como Karen Ivette Sánchez Delgado, argumentó que esas separaciones fueron producto de la reprobación de los exámenes de Control de Confianza de este año, que los empleados llegaban tarde o que incumplían con “el perfil para el puesto”. Lo único cierto de todo eso es que ha dejado sin trabajo, hasta el momento, a más de 40 personas, entre ellos empleados sindicalizados y de confianza.
De acuerdo con los propios reglamentos, “el resultado del proceso de evaluación de control de confianza no es un factor único para valorar la permanencia de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública, ya que dicha decisión deberá derivarse del análisis de todos los elementos que aporten las áreas de control interno, recursos humanos, asuntos internos, control de confianza e investigación de las propias instituciones, así como la información contenida en el expediente laboral del evaluado …” (SIC). Esto se especifica en el oficio con que se remite el expediente del Centro de Control de Confianza a cada trabajador.
A decir de los afectados, sus puestos han sido ocupados por escoltas que él trajo de la Ciudad de México (puedes leer más al respecto dando clic al siguiente enlace: https://bit.ly/3nomvk1). Pero su equipo se empeña en desmentir esto, como sucedió en esta Redacción horas después de publicar la nota “Denuncian despidos ´a modo´ al interior de Asuntos Internos del Edoméx”, firmada por este reportero el 28 de octubre de 2021.
En un correo electrónico se pidió a Viceversa Noticias que “se diera conocimiento de la versión de la UAI, que señala los despidos no son injustificados y que todos han sido derivados de un cese por no pasar el control de confianza, el cual es ajeno a la Unidad, que no tiene injerencia en sus decisiones”, pero por otra parte tampoco cuenta con documentos que avalen dicho cese. Esos documentos, dice la versión de la UAI, puede solicitarse “al Centro de Control de Confianza, y cualquier persona puede hacerlo”.
La réplica enviada a este medio no iba firmada y nadie se hizo responsable de la misma.
A Claudio Valdés Carranza lo describen sus ex empleados como un hombre tan alto como déspota. De acuerdo con una ex policía federal, quien pidió mantener su nombre en el anonimato, el funcionario, excusándose en que esas eran las atribuciones de un policía, los obligó a trabajar triple turno y los dejó salir a descansar -incluso una vez terminada su jornada del día- sólo después de que él diera la autorización expresa. Hubo alguna ocasión que un policía, adscrito al área de Supervisión Carretera, se retiró a su casa luego de haber cumplido su horario, pero al día siguiente le comunicaron que debía cumplir con horas de arresto por irse sin autorización.
En el argot de los policías, los principales castigos son el arresto y los extrañamientos; el primero de ellos se refiere a que el agente debe pasar cierto número de horas extras trabajando y sin poder salir de las instalaciones hasta que se cumpla su sanción. El segundo caso hace alusión a un oficio, a modo de amonestación, que va directo a su historial laboral, lo que significa que entre más acumule la persona, menor es su posibilidad de poder ascender dentro de la corporación.
En alguna ocasión, narra la ex policía, fueron enviados a Chilpancingo, Guerrero, y el viaje estuvo plagado de tropiezos: para los 15 uniformados enviados, únicamente se llevaban tres armas largas, cuando de sobra se conoce la peligrosidad de aquella región; se desplazaban en coches rescatados de siniestro, lo que implica que su funcionalidad no era tan confiable como otras patrullas y, por si fuera poco, los tanques de gasolina iban semivacíos, lo que obligaba a circular a una velocidad moderada o, de lo contrario deberían pagar de su bolsa el combustible necesario.
Aquella ocasión debieron quedarse “en 35”, lo que en su jerga significa “varados”, en espera de una siguiente señal. Como sea, aquel día regresaron a sus oficinas, ubicadas en la calle Varsovia de la Ciudad de México, a las 5 de la mañana, pero su siguiente turno comenzaba a las 10 de la mañana de ese mismo día y debieron cumplir con él pues de lo contrario serían acreedores a un castigo.
A pesar de tener derecho a viáticos después de los 50 kilómetros de distancia recorridos, los “lonches” o refrigerios estaban caducados, pues fueron preparados y dejados a la intemperie cuando el operativo todavía tardaría unos días en realizarse. Aquel sándwich de jamón con queso, mayonesa y chile jalapeño se echó a perder y lo mismo sucedió con el yogurt y la fruta.
En la queja contra Valdés Carranza se habla también de los viáticos. En ocasiones les hacían firmar a los policías una solicitud para tener derecho a ellos, aunque en repetidas ocasiones éstos nunca llegaron y al solicitar de vuelta el oficio para tramitar su cancelación, les desaparecían las hojas. Entonces, el dinero destinado a la compra de tales insumos, dice la ex agente, nunca se volvía a ver.
En cambio, a quien sí se le observaba seguido por los pasillos de aquel edificio era a Claudio Valdés Carranza, quien insistía en que nada ni nadie lo removería del cargo, ni las llamadas anónimas realizadas al 088, una línea telefónica que registraba dos tipos de reporte: quejas y denuncias. Las quejas podían hacerla los ciudadanos, pero las denuncias eran exclusivas de los policías. Al principio, los uniformados se hacían pasar por ciudadanos para denunciar las malas prácticas de Valdés Carranza aunque conforme los problemas crecieron, las denuncias de los policías también lo hicieron.
Sin embargo, el número de trabajadores en esa corporación se redujo considerablemente.
Él, en cambio, que se sabía denunciado por sus agentes, buscaba siempre cobrárselas de una u otra forma: a veces les cancelaba las vacaciones, pero otras más los días de descanso o los cambiaba de células de trabajo, y mientras a sus amigos y afines los mantenía en puestos administrativos, al resto los repartía en los campos de supervisión carretera o como analistas de supervisores.
No le importaba tampoco que algunos de ellos contaran con estudios de licenciatura y de la Academia. Esta última implicaba una preparación de 9 meses para especializarse en determinada área de la Policía Federal. Pero con todo y eso, algunos elementos muy preparados podían incluso terminar haciendo reportes durante los recorridos en patrulla.
Y todo eso por un salario de 7 mil 846 pesos quincenales.
El anterior es el perfil de un funcionario denunciado por sus compañeros de trabajo, y cuya historia se encuentra archivada, pero es pública. Al secretario estatal de Seguridad, Rodrigo Martínez Celis, nada de eso le importó en aquella segunda quincena de enero de 2021, cuando lo presentó ante quienes serían su nuevo equipo de trabajo, como titular de la Unidad de Asuntos Internos del gobierno del Edoméx.
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