Impunidad e influyentismo: los escándalos de Peña Nieto

Marco Antonio Rodríguez /

En julio de 2012 uno de los mejores escritores de México, Juan Villoro, escribió para el diario Reforma una columna alusiva a lo acontecido el día primero de ese mismo mes y del mismo año. Villoro comienza con una frase enérgica: “En México hay tres clases de basura: orgánica, inorgánica y electoral”.

Ese año resultó electo como presidente de la República el priista Enrique Peña Nieto. Su triunfo fue tanto o más cuestionado que su labor como gobernador mexiquense, y es que, para darse una idea, al menos el 28.4 por ciento de los votantes en el país estuvieron expuestos a la compra o coacción del voto a favor del tricolor, a decir de la organización Alianza Cívica; es decir, poco más de un cuarto del total participativo.

Su virtual triunfo fue dado a conocer por el entonces consejero presidente del IFE, hoy INE, Leonardo Valdés, quien dio el anuncio sin considerar que faltaba media hora aún para concluir la jornada electoral. En el mensaje, divulgado en televisión abierta, Leonardo proclamaba vencedor a Enrique.

Tan pronto el priista ocupó la silla presidencial, comenzó a presagiarse un sexenio de terror, corrupción, engaños y malos manejos.

A continuación compartimos algunos de los tantos escándalos que involucran directa o indirectamente al primo-hermano del actual gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza. Cabe señalar que este listado corresponde lo que a criterio de este reportero, son algunos de los de mayor impacto para la sociedad mexicana. Son tantos que actos de corrupción como el plagio de su tesis o la compra de su departamento en Miami, los viajes por el mundo junto a su actual novia, la modelo Tania Ruiz, la fuga del Chapo, el lujoso avión presidencial, sus millonarios viajes al extranjero cuando fue presidente, los carísimos atuendos de su entonces esposa y ex primera dama Angélica Rivera, la boda con ella, la misteriosa muerte de su también ex esposa Mónica Pretelini y su divorcio de “La Gaviota”, por mencionar algunos, serán considerados para otro reportaje.

La Casa Blanca

El primer gran escándalo del priista Enrique Peña Nieto, ex gobernador del Estado de México, detonó apenas a 2 años de su mandato (en noviembre de 2014) y, sin duda alguna, fue la Casa Blanca: una mansión valuada en aproximadamente 86 millones de pesos y edificada por Constructora Teya, que pertenece a Grupo Higa y cuyo dueño es el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú. La lujosa mansión acaparó reflectores por las evidentes pruebas de corrupción que implicó su construcción y decoración tal como lo exhibe el reportaje de Aristegui Noticias y que se puede consultar en el siguiente enlace: https://bit.ly/2CXOk8L

Tras el escándalo, Angélica Rivera, quien pasó de ser actriz de segundo plano de Televisa (una de las más poderosas televisoras en México, y señalada de impulsar las figuras del priismo) a primera dama de la nación, aseguró –lo juró y no se cansó de hacerlo- que la millonaria edificación fue pagada con sus ahorros generados a lo largo de su carrera artística. “La Gaviota”, como es conocida popularmente la ex mujer de Peña, fue criticada por ex colegas de dicha televisora y farándula en general, quienes aseguraron que es imposible acumular semejante fortuna desempeñándose como actor, incluso vendiendo publicidad con su imagen, como dijo en un video en el que habla hacia a la cámara por más de 7 minutos. Aquí el video: https://bit.ly/1xBEBQn

Otra mansión, ahora en Malinalco

En diciembre de ese mismo 2014; es decir, sólo 2 meses después del escándalo por La Casa Blanca, el gobierno de Peña Nieto cayó en otro gran bache cuando el rotativo norteamericano Wall Street Journal puso al descubierto otra obra millonaria. Ésta era una propiedad del para entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso.

Se trata de una “casa de descanso”, como fue calificada entonces por distintos medios, ubicada en Malinalco, Estado de México, y cuyo valor se estima en 7.5 millones de pesos. Al igual que la Casa Blanca de Peña, fue construida por Grupo Higa (https://on.wsj.com/2ocyi69).

La propiedad de Videgaray no fue incluida en la declaración de bienes del político, quien a inicios de octubre de 2018 anunció que dejaría la política y el servicio público apenas concluyera el sexenio peñista. Y se le cumplieron sus palabras, incluso aunque no lo hubiese deseado, y es que en junio de 2021 la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público al político “por falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos”.

Además lo revuelto del asunto provocó que personas como el abogado de la empresa Infraiber, Paulo Díez, solicitaran su renuncia al puesto que entonces Videgaray ocupaba como secretario de Hacienda. Asimismo, tras la visita del candidato a la presidencia estadounidense, Donald Trump, a México, en agosto de 2016, Videgaray fue criticado fuertemente y, de nueva cuenta, se pidió su renuncia, pues el pueblo mexicano se sentía amenazado por la idea persistente de construir un muro fronterizo entre México y Estados Unidos.

El encubridor

El 3 de febrero de 2015 Enrique Peña Nieto tuvo una gran idea: nombrar a uno de sus grandes amigos como secretario de la Función Pública (SFP) para que investigara si existía algún acto de corrupción en torno a las propiedades de su círculo cercano: la  “casita” de “La Gaviota”, cuya existencia se hizo pública después de un reportaje de la revista Hola! y de una investigación de Aristegui Noticias, la casa de Malinalco de Videgaray o la propia casa de descanso de Peña en el fraccionamiento Grand Reserva de Ixtapan de la Sal.

Virgilio Andrade Martínez para entonces contaba ya con una amplia trayectoria en la administración pública en puestos de la Secretaría de Gobernación, había sido director general adjunto de Análisis de Legislación Financiera en la SHCP y consejero electoral en el antiguo IFE y hasta en la Secretaría de Economía.

Andrade fue colocado estratégicamente por la estructura peñista para encubrir las malversaciones y prácticas corruptas de Enrique y sus compinches.

Ayotzinapa

Para muchos, se trata del episodio más oscuro en la historia de México: el levantamiento de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, de quienes hasta la fecha se desconoce su paradero.

El caso Ayotzinapa lleva consigo una serie de episodios, muchos de ellos dignos de representaciones cinematográficas por lo fantásticas que resultan; lo que sí es una verdad a todas luces, es la incompetencia del gobierno peñista por esclarecer la realidad de lo sucedido aquél 26 de septiembre de 2014 y, no conforme a ello, pretender resarcir daños por medio de versiones muchas veces contradictorias que se nombran a continuación:

La primera de ellas supone una desaparición forzada por parte del cártel de los Guerreros Unidos quienes, de acuerdo con autoridades federales, asesinaron a una parte de los jóvenes arrojándolos a una fosa de la colonia Pueblo Viejo, para más tarde quemar sus cuerpos.

Otra segunda versión tiene el mismo final que la anterior; sin embargo, amplía que antes de ser asesinados e incinerados, habrían sido secuestrados y llevados a la colonia Granjeles, en Iguala, donde al menos 17 de ellos habrían perdido la vida.

La versión de Peña Nieto en torno al caso Ayotzinapa indica que los 43 normalistas fueron calcinados en un basurero de Cocula; sin embargo, la versión, tan pronto fue anunciada, también fue desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes(GIEI) quienes determinaron, luego de un peritaje, que los desaparecidos no fueron jamás calcinados, deshaciendo así la versión bautizada como “Verdad Histórica”.

Una nueva investigación propone que los normalistas fueron confundidos con sicarios del cártel de los Rojos, que peleaban ese día la plaza de Iguala y por eso los Guerreros Unidos los eliminaron.

Con el caso Ayotzinapa el presidente Peña, así como su gabinete, dieron muestras de ser un gobierno ineficiente, rebasado por el poder del crimen organizado.

Periodistas mexiquenses como Miguel Ángel Alvarado o Francisco Cruz Jiménez y el ex aspirante a la alcaldía toluqueña, Félix Santana Ángeles, han descrito la radiografía de lo acontecido en aquella fecha en el libro de investigación periodística “La guerra que nos ocultan”, que enfatiza la crueldad de la masacre en contra de Julio César Mondragón Fontes, oriundo de Tenancingo y que fuera brutalmente asesinado por sicarios de los Guerreros Unidos. El libro traza una ruta obtenida por el seguimiento al celular del hoy occiso. El libro revela muchas más opacidades en el gobierno de Peña, también sobrino de Arturo Montiel Rojas.

Alvarado, por su parte, continuó los trabajos de investigación hasta dar con el destino final de los jóvenes normalistas, trabajo periodístico que narra en su último material publicado por la recién inaugurada línea editorial de Viceversa Noticias y que lleva por nombre “Los Infiltrados: el secreto de Ayotzinapa”, que resume el autor de la siguiente manera:

“En octubre de 2014 alumnos de Ayotzinapa se dieron a la tarea de buscar a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de ese año. Lo que hallaron fue una trama en la que está implicada una superminera asentada en el pueblo de Carrizalillo, aunque al mismo tiempo se dieron cuenta de que la escuela había sido infiltrada por el gobierno, las fuerzas armadas y el narcotráfico, y que todos estos elementos configuraron una historia mortal y terrible que a la fecha no ha querido ser escuchada por ninguna autoridad”.

Libro disponible en: https://bit.ly/3IfwyjK

OHL 

Se trata de la constructora favorita del Partido Revolucionario Institucional o al menos así pareciera ser, pues la firma española ha sido señalada de financiar campañas electorales del tricolor, siendo la de Alfredo del Mazo Maza, actual gobernador del Estado de México, la más reciente y pilar fundamental para que Peña Nieto lograra escalar a la presidencia de la República. De acuerdo con señalamientos de la plataforma Ahora, la campaña de Del Mazo recibió de OHL un impulso de 4 mil millones de pesos.

La dinámica de lavado de dinero deriva de la inflación que el tricolor permitió a la constructora para la edificación de tramos carreteros.

La investigación de la plataforma encabezada por el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, señalaba en junio de 2017 que, para entonces, el fraude era por 90 mil millones de pesos: sólo 60 millones de pesos derivarían de la construcción del Circuito Exterior mexiquense que el gobierno tricolor adjudicara a OHL. El costo inicial fue proyectado en 5 mil 600 millones; sin embargo, terminó costando a los mexicanos 63 mil 200 misma que desembocó en la emisión de la deuda de la constructora a nombre del erario.

“En julio de 2016, inmerso en los escándalos por tráfico de influencias y otros ilícitos cometidos en España y en México, el entonces presidente del Grupo Villar Mir y de la empresa OHL fue nombrado titular del patronato de la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. Su llegada a este cargo y sus negros antecedentes provocaron la renuncia de nueve patronos de la institución, que tienen vínculos con Enrique Peña Nieto y el ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila, entre otros priistas”, apunta un reportaje publicado en la edición 2114 de la revista Proceso con fecha 7 de mayo de 2017 y que se puede consultar en el siguiente enlace: https://bit.ly/2r6ZvIh

Odebrecht

Odebrecht es otra constructora, ésta de origen brasileño y que fue señalada por una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por sobornos a funcionarios de gobierno de 12 países entre los que claramente se encuentra México, tomando en cuenta que el país ocupa el lugar 135 de 180 en corrupción de acuerdo con el índice de Percepción de la Corrupción 2017.

Odebrecht se colocó en 2015 como la constructora más grande y poderosa del continente. Emilio Lozoya, ex director de Pemex y hoy preso en el Reclusorio Norte ante el temor de una posible fuga, fue señalado por recibir sobornos de hasta 10 millones y medio de dólares de esta constructora en el periodo comprendido de 2010 a 2014. Lozoya para entonces se desempeñaba como asesor de campaña  presidencial de Peña Nieto. Además fue acusado de cobrar hasta 8 millones de dólares para empresas de las que presuntamente es propietario; esto como agradecimiento por aceptar los otros sobornos a nombre de la paraestatal.

Actualmente Lozoya, aunque se encuentra bajo prisión preventiva, es protegido por los propios guardias del penal debido a que ahí mismo se encuentran encarceladas personas denunciadas por él.

Rosario Robles, la Saqueadora

Durante la gestión de Rosario Robles, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) desvió, por lo menos, 5 mil millones de pesos. En un principio se habló de que la millonaria cantidad fue ocultada en 76 empresas por la priista; sin embargo, posteriormente se amplió que la ex perredista y también ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México realizó transferencias en efectivo a diez domicilios.

De acuerdo con una investigación del periódico Reforma fue a través de una triangulación de depósitos y mediante el servicio de Tameme, Cometra y Panamericano como la cifra fue repartida entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017.

Además, el reporte amplía que fueron contratados sistemas de comunicación como Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SCSI), la Televisora de Hermosillo (Telherm) y la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPWROO) para lograr operar dicho desvío multimillonario.

Dentro de la investigación se encontró, además, que algunas de las empresas mencionadas existían -fácil de deducir- en domicilios fantasma. Un ejemplo es la empresa Servicios Empresariales Helte que fue domiciliada en Polanco; sin embargo, personal que trabaja en este edificio aseguró que jamás ha existido en ese lugar dicha empresa. En ese edificio fueron, a decir de las órdenes de transferencia dadas a conocer por la ASF, entregados 37 por ciento del monto total desviado.

Apenas a mediados de noviembre de 2021 la Fiscalía General de la República le ofreció a Robles su libertad a cambio de declarar en contra de Emilio Lozoya y de Enrique Peña, no obstante la oferta fue rechazada por la priista, quien aseguró no estar dispuesta a mentir con tal de salir de la cárcel.

Paso exprés... y mortal

El 12 de julio de 2017 Juan Mena Ruiz y Juan Mena Romero, de 65 y 33 años respectivamente, murieron en el kilómetro 93+600 del Paso Exprés (en la México-Cuernavaca) con dirección sur a norte, donde se encuentra el poblado de Chamilpa, al sur de Cuernavaca. La causa: cayeron a bordo de su automóvil en una oquedad de cuatro metros de diámetro y cinco de profundidad como más tarde se sabría en todas las televisoras nacionales.

Sus cuerpos sin vida fueron rescatados apenas diez horas después del suceso pues en un principio las pesadas máquinas que intentaron rescatar al par (padre e hijo) sólo provocaban que el socavón creciera.

El caso generó polémica pues trascendió en redes sociales que días antes, el 8 de julio, un tubo de drenaje pluvial de metro y medio habría colapsado, versión que incluso el gobierno de Morelos reiteró revelando, incluso, que se habría advertido de los riesgos que podrían existir en la obra si el sistema de alcantarillado no era renovado.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, fue blanco de críticas luego de declarar que casas paralelas a la carretera federal han invadido propiedad pública lo que generan problemas de todo tipo y que no contaban con sistema de agua por lo que fue necesaria la construcción de 8 kilómetros de nuevos drenajes para canalizar el líquido;  justificando así, en cierta medida, lo sucedido. Otra más del amigo de Peña fue declarar que pagaría un millón a la familia de los Mena Romero y que dividía en 500 mil por fallecido. La revelación de Ruiz Esparza colmó a la sociedad mexicana que reprendió la decisión de las autoridades federales por pretender resarcir con dinero ambas pérdidas humanas.

Gobierno espía

Un nuevo desdén por parte del gobierno peñista hacia el gremio periodístico y defensor de derechos humanos sucedió en ese mismo 2017 del socavón en Cuernavaca donde, como si el asesinato a éstos no fuera suficiente, insultó a un pueblo lastimado por su corrupción un reportaje de The New York Times que destapó el negligente y cobarde actuar del gobierno peñanietista que espiaba a activistas anticorrupción, periodistas y defensores de derechos humanos en México a través de un programa –adquirido por el mismo gobierno mexicano- que, utópicamente, debiera ser empleado para la investigación de criminales y terroristas pero que, claro, no fue así.

“Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente”, dice el reportaje de aquel periódico, mismo que puede ser consultado en el siguiente enlace: https://nyti.ms/2sH1RQ6

El programa del que incluso el hijo de la periodista Carmen Aristegui fue víctima, fue contratado con una empresa de origen israelí. “Pegasus”, como es el nombre del robaidentidades, tuvo un costo, desde 2011, de casi 80 millones de dólares.

Al igual que con otras declaraciones del presidente aún en turno, como cuando fue cuestionado sobre el precio de la tortilla, mismo que ignoró argumentando que “…yo no soy la señora de la casa…”, con respecto al caso Pegasus dijo que “no hay pruebas ni las va a haber” y que quienes se sintieran agraviados debieran ir a la PGR –hoy FGR- para denunciar y que el caso pudiera ser investigado.

Medios como Proceso aseguraron que el equipo de Peña solicitó “hablar en corto” con la “fuente” que publicó el reportaje. https://bit.ly/2zsBCjb

A sus órdenes, Cienfuegos

Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de Defensa Nacional, fue detenido el 15 de octubre de 2020 en Los Ángeles por vínculos con el narcotráfico; sin embargo, y a pesar de enfrentar al menos cuatro cargos relacionados con el tráfico de drogas y ser requerido por el departamento de los Estados Unidos de Norteamérica, un mes después las autoridades de aquel país retiraron los cargos en su contra y quedó en total libertad.

Bastó que Cienfuegos proporcionara información personal y de contacto para poder ser localizado y citado para que quedara libre.

Apenas el 11 de noviembre pasado, El Universal difundió un video donde se le dejaba ver como invitado en el Premio Nacional de Comunicación José Pagés, 2021 donde, por si fuera poco, se dio la libertad de bromear con los reporteros presentes cuando dijo que “ahora sólo estoy a disposición de mi esposa”, ironizando la libertad de la que goza.

PRI - sioneros 

Principalmente por corrupción y peculado se ha caracterizado el gobierno peñista pero no sólo por él y su gabinete, sino por políticos que durante su gestión han, por una u otra razón, caído en manos de la justicia.

Roberto Borge, Javier Duarte, Tomás Yarrington, Jesús Reyna García, Andrés Granier Melo, Flavino Ríos, César Duarte, el abogado Juan Collado, Rosario Robles y Emilio Lozoya Austin son algunos de los priistas que han sido detenidos por las autoridades -ya mexicanas o extranjeras- por la comisión de desvío de recursos públicos, lavado de dinero, narcotráfico, vínculos con el crimen organizado y otros delitos federales. Otros, como Tomás Zerón, son buscados por la justicia mexicana aún. Algunos de estos casos puedes consultarlos aquí: https://bit.ly/2FLLNVx

Fotografía: Reuters / Carlos Jasso.