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Nueva administración, nuevos contratos; pide DIF a trabajadores renuncias voluntarias para poder despedirlos

 Yamil Ali Pacheco Romero / José Enrique Rojas González /



Toluca, México; 28 de enero de 2022. El DIF de Toluca, encabezado por Viridiana Rodríguez, esposa del alcalde Raymundo Martínez Carbajal, ha establecido como una condición para la contratación y recontratación en la administración pública la firma de la renuncia voluntaria de los trabajadores de esa dependencia, una práctica ilegal que atenta contra los derechos laborales.

De acuerdo con información de fuentes cercanas a la institución, los trabajadores no sindicalizados de las diversas direcciones y departamentos, al haber sido llamados a las oficinas de sus jefes directos para firmar sus contratos de trabajo en esta nueva administración, han sido notificados de que primero deben firmar su renuncia voluntaria como requisito para la contratación. No obstante, la medida consiste en un pretexto para un despido injustificado.

El documento señala que el trabajador presenta su “RENUNCIA VOLUNTARIA Y CON CARÁCTER DE IRREVOCABLE” al trabajo que el funcionario desempeñaba en la institución. De tal suerte, se termina la relación laboral y/o contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado que los unía a esa institución.

Firmar la renuncia voluntaria implicaría, de acuerdo con el mismo papel, reconocer que el trabajador no laboró jornadas extraordinarias; de igual forma, se especifica que el Ayuntamiento no le quedó a deber ninguna prestación o salario que tuviera derecho el trabajador, como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, o cualquier otro derecho contemplado en la ley.

El texto también especifica que el trabajador no sufrió accidentes durante su periodo laboral en la institución, lesiones o enfermedades producto de la relación laboral, por lo que no se reserva ningún tipo de acción o derecho a ejercer en contra del Sistema Municipal DIF Toluca.

De acuerdo con los agraviados, quienes han reservado su identidad por temor a represalias, el formato es remitido por la Tesorería Municipal a todas las dependencias de gobierno; y en el caso del DIF por Viridiana Rodríguez: “[...] primero te ofrecen contratarte pero antes de firmar el contrato, te exigen firmar tu renuncia voluntaria como un requisito para volver a vincularte al Ayuntamiento, pero en realidad es una maniobra desleal porque así ellos se desprenden de sus obligaciones como patrones para no pagarte los sueldos y prestaciones atrasadas de la administración anterior”.

Extrabajadores del Ayuntamiento argumentan que estas prácticas son comunes y que sean han realizado desde la administración de Fernando Zamora como mecanismo coercitivo para despedir y reemplazar al personal.

"Recordemos que es común en la praxis de la política mexicana que las nuevas contrataciones dentro de la administración municipal se hacen para saldar deudas políticas obtenidas en campaña electoral. Hay que recordar que la administración entrante es una coalición entre tres colores, por lo tanto, se deben acomodar muchas personas dentro de la administración municipal", agregó uno de los agraviados.

Otro exfuncionario señala: “Esto lo practicó Zamora, Juan Rodolfo y ahora Raymundo; te dicen que es un protocolo que firman todos los que entran, si no lo firmas no te pagan y no te hacen válido tu contrato".

La práctica es una medida ilegal de tintes políticos, ya que sólo afecta a trabajadores supernumerarios que entraron en la administración de Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Exentos de ella se encuentran los sindicalizados y los trabajadores de confianza, que en lo general son priistas. Es común, en los cambios de administración en los niveles estatal y municipal, mover a funcionarios “cortando cabezas” por compromisos políticos”.

La figura de los supernumerarios alude a aquellos funcionarios públicos a quienes se les otorga un contrato de forma temporal, de forma interina, provisional, por tiempo determinado o por obra determinada; son aquellos que el Estado ocupa en exceso del número regular y permanente de sus empleados de planta. De esta forma, estos trabajadores ofrecen servicios públicos de manera temporal.

Un extrabajador informó a este medio que las renuncias las mandan los jefes inmediatos del departamento al que está adscrito el trabajador; en su caso, la titular de una de las direcciones que atiende a personas vulnerables, directora que llamó a trabajadores de esa dependencia a su oficina a invitarlos a firmar su renuncia. Ante la negativa, les indicó que podían asistir con la tesorera del DIF a dirimir el asunto.

“Yo no firmé la renuncia y acudí con la tesorera del DIF, me dijo que ella no podía firmar la renuncia, pero que ella tenía la indicación de despedirnos y que eran ordenes de Viridiana”, indicó a este medio un extrabajador afectado por la medida.

La administración municipal les debe a los trabajadores prestaciones, primas vacacionales, dos quincenas de diciembre y aguinaldo; la medida de renuncia voluntaria ha afectado a aproximadamente 100 personas de las 600 que trabajan en la institución. Los trabajadores afectados informaron a este medio que después de meter una inconformidad, la administración municipal ya no emitió las renuncias por escrito, sino que llamaron a cada supernumerario y les dijeron verbalmente que debían firmar sus renuncias voluntarias.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recomienda bajo ninguna circunstancia firmar una renuncia voluntaria para ser contratado porque si se firma, el empleador podrá hacer uso de ella en cualquier momento y argumentar legalmente que no despidió al empleado, sin que él pueda reclamar lo que por derecho le corresponde en caso de despido injustificado.

Ante estas situaciones, la STPS señala que lo ideal es denunciar al empleador para terminar con estas prácticas ilegales y sancionar con base en la ley.

Este medio se puso en contacto con el área de Comunicación Social del DIF Toluca, encabezada por Victoria Sánchez, para conocer el punto de vista de la administración respecto a estas denuncias. Sin embargo, personal de la dependencia informó que la funcionaria pública tenía una agenda muy apretada y constantemente estaba en giras y eventos, por lo que ella, en cuanto tuviera tiempo, se comunicaría con la redacción para dar su punto de vista sobre el tema.

Hasta el momento, ningún directivo o funcionario del DIF se ha puesto en contacto con este medio de comunicación para emitir su postura ante esta situación.




Imagen de portada: Yamil Ali Pacheco Romero.

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